Ante la declaración de emergencia presupuestaria y financiera de la Universidad Nacional de Avellaneda, cabe preguntarse que lugar ocupa la educación pública en nuestro país hoy.
“Lo que está presupuestado para pagar la deuda externa es el doble de lo que está presupuestado para educación”. Así lo afirmó la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso.
El Presupuesto 2017 prevé destinar al Ministerio de Educación y Deportes $130.950 millones, mientras que el presupuesto para el Servicio de Deuda Pública es casi el doble: $247.623 millones. Efectivamente, en lo que más dinero se invierte, es lo que se considera prioridad.
Sin embargo, muchos pueden considerar que la situación de la Universidad Nacional de Avellaneda se debe a la mala utilización de los recursos y los fondos llevada acabo por la gestión de la institución. Es por ello, que la reciente sanción de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública que obliga a ministerios, secretarías y otros organismos públicos a elaborar un “Plan de Apertura de Datos”, es un paso favorable en la implementación de políticas de transparencia activa.
Debido que la ley incluye entre los sujetos obligados a brindar información pública a entidades que reciban fondos públicos, las universidades estatales no están exentas. “Si maneja fondos de toda la comunidad, por supuesto que toda la comunidad tiene derecho a estar informado sobre eso”, expresó Hernán Gullco, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles.
Es necesario revalorizar la educación pública ya que es el único camino para garantizar el derecho a la educación a todos por igual. Al mismo tiempo debemos exigir su cumplimiento y para ello, la ley a la información pública es un paso importante… ¿por qué no utilizarlo?
No hay comentarios:
Publicar un comentario